El 1 de noviembre entró en vigor en Cataluña la nueva tasa turística, que obligará a los hoteles de cinco estrellas y cruceros a facturar a sus clientes 2,5 euros por noche, 1,25 euros los hoteles de cuatro estrellas, y 0,75 euros en el resto de establecimientos (en el caso de Barcelona). En el resto de territorio catalán los hoteles de cinco estrellas y cruceros mantendrán el sobrecoste de 2,5 euros/noche, y 0,50 euros el resto de establecimientos.
Y todo ello pese a la firme y notoria oposición del sector turístico y hostelero catalán, que se ven perjudicados respecto del resto del estado.
Ver en esta medida algo más allá que afán recaudatorio es echarle imaginación, a pesar de que se quiera vender esta tasa como necesaria para la preservación del medio natural y el entorno visitado. Todo aquello que sea incrementar costes hace al sector perder competitividad respecto a sus vecinos, ya sea del propio territorio nacional o de los países cercanos, aparte de perjudicar al consumidor de estos servicios, que es el que en la práctica pagará este sobrecoste.
Cabe decir asimismo que esta tasa estará también sujeta al iva correspondiente, y se deberá presentar su liquidación cada 3 meses (a la vez que se liquidan el resto de impuestos trimestrales) a través de los mecanismos que la Generalitat facilite para ello.
No son cifras alarmantes, pero no es un mecanismo pensado en incentivar el crecimiento económico precisamente, y mientras el objetivo base sea reducir el déficit por encima de cualquier otra meta, es posible que vayan apareciendo más medidas de este estilo (nuevos impuestos sobre hidrocarburos, euro por receta médica, tasas sobre el alcohol, tasas-comedor, etc.).
