El pasado 25 de mayo (sí, fue viernes) el Gobierno aprobó por Real Decreto-Ley nuevas medidas que pretenden agilizar el mercado de las pymes y los autónomos. La fundamental consiste en eliminar las licencias previas a la apertura y actividad referentes a locales comerciales menores de 300 metros cuadrados. Con esta medida, sólo se obliga al comerciante a que tenga una declaración responsable de que cumple con las medidas exigibles para el negocio, así como el pago de los tributos correspondientes y un proyecto técnico firmado por un profesional cualificado. De esta manera, se evitan las demoras que provocaban la presentación de la solicitud de alta de forma previa, así como la espera, en ocasiones desesperante, de la respuesta de la administración.
Esta medida beneficiará a su vez a los que deban realizar un cambio de nombre de la actividad, así como a los que ya hayan iniciado los trámites de apertura de actividad, pudiéndose acoger al procedimiento más rápido.
Se pretende evitar las trabas administrativas y de esta manera agilizar el desarrollo de nuevos negocios, así como el fomento del empleo.
En mi opinión, es una medida acertada. Todo procedimiento que permita saltarse burocracia es beneficioso para el desarrollo económico. También cabe decir que no resultará de este Real Decreto-Ley ninguna panacea económica, ya que el que tuviera entre ceja y ceja abrir un nuevo negocio, lo iba a hacer con trabas administrativas o sin ellas. Esto es importante porque los tributos locales relativos a la apertura no sólo no se han tocado, sino que se han "adecuado" al nuevo ejercicio económico (adecuar, como es sabido, quiere decir subir). Mientras no se hagan medidas que "agilicen" el bolsillo (reducción de tributos, seguros sociales) y, sobretodo, hasta que no vuelva a fluir el capital a través de las entidades financieras, estoy convencido que no veremos resultados realmente positivos (que lejanos quedan aquellos imaginarios brotes verdes).
