En el pack de medidas que se adoptarán con el objetivo de hacer frente a la crisis económica, destaca el acortamiento de los plazos de cobro de las facturas emitidas. Así, a partir del 1 de enero de 2012, el plazo de cobro legal máximo de las facturas emitidas pasa a ser de de 75 días, esto es, dos meses y medio, en lugar de los 89 días que figuraban hasta ahora.
Con esta medida se pretende incentivar el flujo de tesorería y las disponibilidades de cash de las empresas. Veremos si las administraciones públicas se acogen también a esta normativa, ya que en la práctica los plazos en los que están pagando las facturas son muy superiores a los que marca la ley, causando estragos en las cuentas de muchas de las empresas que prestan sus servicios a la Administración.
No hay comentarios:
Publicar un comentario